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Laura Delgado, Ayming.
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Laura Delgado, Ayming.

Entrevista a Laura Delgado, socio director de Ayming, sobre la Compra Pública Innovadora (CPI)

Se trata de un uso estratégico e inteligente de la contratación pública para favorecer la innovación.

martes 22 de mayo de 2018, 18:12h
La cuantía de las ayudas para la financiación de proyectos innovadores, procedentes de los programas con fondos europeos INNOCOMPRA e INNODEMANDA y partidas específicas de H2020, ascienden a más de 424 millones de euros para el período 2014-2020.
Preguntas:

El concepto smart city está muy ligado con la tecnología, la mejora de la calidad de vida de grandes volúmenes de población y una buena gestión de los recursos. ¿Las ciudades pequeñas pueden también ser smart cities?

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes impulsado por el gobierno en 2015, estaba pensado para grandes capitales y se pensó para ciudades de más de 20.000 habitantes. Se quedaron fuera para poder optar a la ayuda económica, más de 7.700 núcleos con menos de 20.000 habitantes.

El pasado 27 de diciembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital lanzó un nuevo plan, esta vez enfocadoa los territorios inteligentes, con el año 2020 en el horizonte y con una dotación de 170 millones de euros. Es un paso importante ya que en este nuevo programa hay además, una parte específica dedicada a las zonas rurales y a las ciudades con menos de 20.000 habitantes.

En este sentido, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), a través de su grupo de Smart Cities, ha elaborado recientemente el estudio La tendencia de las ciudades españolas, en donde hace un balance de los principales avances y los objetivos a establecer en la siguiente etapa. Los expertos del COIT defienden en este estudio que las ciudades menores requieren de un tratamiento especial, porque se enfrentan a un escenario más delicado que el de las grandes ciudades: seguir siendo atractivas para que sus habitantes no emigren hacia ciudades mayores y mejor equipadas para vivir, combatiendo así la despoblación.

Recordemos que las últimas estimaciones publicadas por la ONU y el Banco Mundial señalan que, a día de hoy, más de la mitad de la población (unos 3.500 millones de personas) vive en las ciudades y para 2030 el porcentaje será del 60%. Además, a pesar de que las grandes ciudades ocupan el 2% del planeta, representan entre el 60% y el 80% del consumo global de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Por ello, los planes destinados al medio rural y a las pequeñas ciudades del gobierno español pueden ayudar al menos a que estas zonas sean mucho más atractivas.

¿Cuáles son los principales elementos que obstaculizan a los gobiernos implementar un programa de smart city, la falta de presupuesto? ¿Qué están haciendo las Diputaciones al respecto como prestatarias de servicios para municipios de menos de 20.000 habitantes?

España cuenta con 41diputaciones, 38 de régimen común y las tres diputaciones forales del País Vasco. Su función consiste en prestar servicios comunes para municipios distintos de menos de 20.000 habitantes en cada provincia. Se encargan de gestionar recursos como el agua, residuos, bomberos, distribuir fondos estatales para infraestructuras, caminos rurales, carreteras provinciales y otros tipos de instalaciones o recursos. En 2016 contaron con un presupuesto de casi 22.000 millones.

Todas ellas son ya conocedoras de cuáles son las ayudas existentes y las Políticas más efectivas para llevar a cabo sus proyectos de innovación. En el Congreso Internacional de Alcaldes & Innovación celebrado el pasado mes de noviembre en Segovia, Ayming tuvo la oportunidad de explicárselo en un Taller práctico.

En este contexto, es bastante desconocida aún la contratación pública de innovación, denominada “Compra Pública innovadora” (CPI). Se trata de una actuación administrativa de fomento de la contratación pública con pymes, emprendedores y resto de empresas que realicen una apuesta tecnológica. Es un contrato que la entidad pública pone a concurso, a fin de satisfacer una necesidad no cubierta, mediante una solución innovadora.

Este uso estratégico de la contratación pública para favorecer la innovación supone una nueva forma de compra por parte de las Administraciones. Hasta ahora se fomentaba la innovación desde la oferta, es decir, las empresas contaban sus proyectos y algunas recibían para ello financiación del Estado. Con la CPI se fomenta que las Administraciones Públicas realicen una compra inteligente, mejorando sus necesidades o servicios a través de la I+D+i, al tiempo que fomentan la innovación empresarial. La CPI es por tanto una clara oportunidad para crear valor, empleo estable y de calidad.

Los gestores de las Diputaciones suelen prestar más atención a los beneficios a corto plazo de las compras que realizan, pero con la Compra Pública Innovadora(CPI) se les brinda la oportunidad de contemplar también qué porcentaje de compras van a necesitar a futuro.Uno de los objetivos del Gobierno es precisamente que al menos un 3% de la licitación pública sea innovadora y supone un firme apoyo en aras de que la economía española esté basada cada vez más en el conocimiento. Sanidad, Energía, Agua y Tecnologías de la información son los sectores que pueden verse más favorecidos por la CPI.

¿Cómo será el procedimiento a seguir por las Diputaciones para adquirir las tecnologías necesarias para implementar una smart city?

Las Diputaciones podrán adquirir productos y servicios bajo tresmodalidades diferentes. La primera es la llamada Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. La segunda modalidad, más alejada del mercado, es la Compra Pública Precomercial (CPP), una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas sus riesgos y beneficios, mecanismo necesario para fomentar desde la demanda el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que finalmente reviertan en la sociedad. El tercero es una combinación de los anteriores, en el que se establece un acuerdo de asociación con varios participantes y mediante fases y prototipos incrementales se va refinando la solución hasta obtener un producto comerciable del cual también se compartirán los beneficios una vez éste llegue al mercado.

Además, su impacto en el progreso tecnológico puede ser enorme, pues las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo de antemano que cuentan con un cliente como es la Administración Pública,reduciendo así el riesgo de la inversión en I+D, y contribuyendo al desarrollo de la sociedad, la gestión eficiente de los recursos y la mejora de los servicios a los ciudadanos.

¿Cuáles son las ayudas con las que cuentan las Diputaciones para financiar sus proyectos innovadores?

Para co-financiar sus proyectos innovadores existen dos programas nacionales con fondos europeos denominados: INNOCOMPRA e INNODEMANDA. El programa INNOCOMPRA tiene como finalidad apoyar a los organismos públicos, con poder adjudicador a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, para el desarrollo de proyectos innovadores susceptibles de recibir ayudas del Estado y que puedan generar contratos de Compra Pública Innovadora. El programa financia a las entidades públicas entre el 50-85% del coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación CPI, con un presupuesto superior a 5 millones de euros. Los fondos provienen del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt) 2014-2010.

El programa INNODEMANDA, por su parte, es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurre en procesos de compra pública innovadora, de tal manera que la entidad contratante dispondrá de ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y servicios innovadores en la Administración. A través de la firma de un acuerdo de adhesión con CDTI, las empresas pueden obtener hasta un75% de financiación en formato de préstamo (de forma excepcional puede llegar al 85%) del coste de la innovación tecnológica requerida en licitaciones de CPI, con un presupuesto mínimo de 175.000 €. Este instrumento es financiado y gestionado por el CDTI, quien proporciona, tanto a entidades públicas contratantes como a posibles suministradores, la orientación y apoyo necesarios para la identificación de potenciales compras públicas innovadoras, así como para su aplicación y posterior gestión. Este programa, está enfocado a proyectos de 1 a 3 años, y el préstamo es parcialmente reembolsable – Euribor a 1 año, con plazo de amortización de 10 años y tres de carencia.

Por último, también se contemplan partidas específicas para licitaciones CPI dentro de Horizonte 2020 (H2020), programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea, con un presupuesto adicional de 175 millones de euros a través de los programas CSA, PCP y PPI.

Gracias a la compra pública innovadora y a los fondos adicionales que moviliza, las Administraciones Públicas tienen ahora un aliciente más para adoptar una estrategia de compra inteligente en línea con las políticas europeas, y contribuir hacia un cambio de paradigma que convierta al sector público en tractor de actividad tecnológica, y en última instancia, de nuevos mercados que creen empleo de calidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuáles en su opinión la clave para desarrollar ciudades inteligentes?

Las Smart cities responden a dos premisas fundamentales: Por una parte la necesidad de orientarnos hacia la sostenibilidad, realizando una gestión eficiente de los recursos, y por otra aportando servicios públicos de alto valor a los ciudadanos. El paradigma de ciudad inteligente descansa en tres pilares: infraestructuras, innovación y tecnología; y de su correcta integración depende el éxito. A su vez , el diseño de una ciudad inteligente pasa necesariamente por un trabajo compartido a tres bandas: la administración pública como responsable del diseño y gestión de la ciudad, la colaboración de la empresa privada como desarrolladora de servicios y la implicación activa del ciudadano como usuario y beneficiario final. El objetivo es ser más eficiente, mejorar la gestión, ahorrar costes, reducir la huella ambiental y ofrecer nuevos servicios que respondan a las necesidades específicas de los ciudadanos. La clave para desarrollar ciudades inteligentes vendrá pues de la mano de la colaboración entre Administraciones públicas, empresas y ciudadanos, junto a la interoperabilidad de las tecnologías.

Ayming España

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