La operación afecta al sector de los servicios funerarios y al de seguros de decesos. id:75731
La CNMC ha autorizado, sujeta a condiciones, la toma de control exclusivo de la práctica totalidad de los activos de Funespaña, filial del Grupo Mapfre, por parte de Santa Lucía. (
C/1086/19 Santa Lucía/Funespaña).
La CNMC ha aprobado esta operación después de un intenso análisis en segunda fase y está condicionada al cumplimiento de cuatro condiciones impuestas por la Comisión.
Éstas completan los compromisos que Santa Lucía presentó el 6 de julio de 2021, y que la CNMC consideró, en su mayoría, insuficientes dados los riesgos derivados de los efectos verticales y coordinados provocados por la participación de Santa Lucía y de Mapfre en la empresa resultante, y que habían sido detectados durante la investigación.
Sectores afectados Concretamente, la operación recién autorizada afecta a dos sectores:
- Servicios funerarios: se solapan horizontalmente las actividades de Albia, filial de servicios funerarios de Santa Lucía, con las de Funespaña, filial del Grupo Mapfre, y con un conjunto de empresas de servicios funerarios en las que ambas entidades tenían participaciones minoritarias.
- Seguros de deceso: se producen posibles efectos verticales por la presencia del grupo asegurador Santa Lucía en dicho mercado, y el compromiso del grupo asegurador Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante y sus filiales.
Cronología de la operación En febrero de 2020, la CNMC acordó analizar la operación en profundidad o
“segunda fase” por sus posibles efectos adversos para la competencia
(nota de prensa).
Por primera vez, en el marco de una operación de concentración, la CNMC inspeccionó las sedes domiciliarias de las empresas (septiembre de 2020). Ésta fue, además, la primera inspección realizada tras el inicio de la pandemia de COVID-19.
En abril y mayo de 2021, la Dirección de Competencia acordó acumular a este expediente los expedientes C/1162/21 Albia/Jordial
(nota de prensa) y C/1178/21 Elysius/Juanals (
nota de prensa), ambos en segunda fase y en el marco de los que se solicitaron informes al Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León y a la Autoridad Catalana de la Competencia.
Importantes riesgos para la competencia El pasado mes de junio, la CNMC recogió en el pliego de concreción de hechos del expediente los posibles obstáculos para la competencia en el mercado mayorista de servicios funerarios.
Por una parte, la operación da lugar al
solapamiento de las partes en los municipios de
Valdepeñas y Bilbao y
a la sustitución de Funespaña en muchos
municipios. Así, la entidad resultante se convertirá en monopolista en los mercados mayoristas de tanatorio en 157 municipios; de crematorio en 35, y de cementerio en 14. Además, tendrá con cuotas elevadas en los mercados mayoristas de tanatorio en 217 municipios, de crematorio en 51 y de cementerio en 14.
Con ello, tendrá incentivo y capacidad para dificultar el acceso, endurecer las condiciones comerciales y/o deteriorar la calidad de los servicios prestados por la falta de competencia en estos municipios.
Por otra parte, se
refuerza la posición de Santa Lucía como empresa aseguradora de decesos, al poder prestar los servicios intragrupo, con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendrá una mayor presencia en distintas zonas.
Además, el compromiso de Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante y su participación del 25% en el capital social de la nueva entidad también
refuerza la prestación intragrupo, especialmente donde exista menos competencia.
Por otra parte, se detecta el riesgo de que
empeoren las condiciones comerciales (precios) o se expulse a otras aseguradoras, especialmente donde la entidad resultante quede en una situación de monopolio.
Finalmente, se detectaron
posibles efectos coordinados entre Santa Lucía y Mapfre en las distintas ramas de los mercados de seguros como consecuencia, fundamentalmente, de la mencionada participación de Mapfre del 25% en la entidad resultante.
En ausencia de compromisos, la CNMC determinó que la operación suponía un riesgo elevado para la competencia. El 6 de julio de 2021, Santa Lucía presentó una propuesta de compromisos y, tras un exhaustivo análisis, la CNMC concluyó que eran claramente insuficientes. Especialmente, por la participación del 25% de Mapfre en la entidad resultante.
Compromisos aprobados La operación se ha aprobado sujeta al cumplimiento de tres compromisos propuestos por Santa Lucía. Dos de ellos se refieren a la libertad que tienen los allegados del fallecido para elegir funeraria cuando contactan con la aseguradora por primera vez, evitando que sean automáticamente dirigidos a la funeraria perteneciente al grupo asegurador.
La CNMC debe aprobar el guion de respuesta a la primera llamada que realice el allegado
(primer compromiso). Además, supervisará una muestra aleatoria de todas las primeras llamadas que la nueva entidad atienda durante el año
(segundo compromiso). Por otra parte, se prevé que la empresa resultante facilite la entrada de un
competidor en el municipio de Valdepeñas, para evitar la situación de monopolio. También se desinvertirán activos y se garantizará que la situación previa no empeora
(tercer compromiso). Condiciones impuestas por la CNMC Además de los anteriores, la CNMC ha impuesto una serie de
condiciones a las partes. Así, Mapfre deberá eliminar su participación del 25% en la entidad resultante
(primera condición) y, con ello, también la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la entidad resultante.
(segunda condición), y no podrá realizar ningún nombramiento en la nueva entidad
(tercera condición). Por su parte, Santa Lucía tendrá tres meses para facilitar la entrada de un competidor en Valdepeñas (
cuarta condición). Con las tres primeras condiciones se logra la independencia necesaria entre Santa Lucía y Mapfre, y se evita la posibilidad de Mapfre de derivar los servicios hacia la entidad resultante, reforzando la prestación de servicios intragrupo y expulsando a competidores.
La CNMC resuelve con este paquete de medidas la adquisición de forma más transparente, sin intereses cruzados, y desaparecen, además, los riesgos de efectos coordinados en el mercado de seguro.