ANPIR lamenta que las previsiones de plazas PIR de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para el año 2021 no presenten una situación de especial sensibilidad con la salud mental de la población. id:65393
Ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2021, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) lamenta que desde el Ministerio “no se reconozca explícitamente el esfuerzo, solidaridad y sufrimiento que han pasado y experimentan los españoles, así como el tremendo impacto que la pandemia ha producido en sus vidas, aprovechando para realizar una convocatoria también histórica y excepcional de plazas PIR ofertando el total de las plazas acreditadas”, tal y como afirma Javier Prado, portavoz de ANPIR.
Según el Ministerio de Sanidad, la oferta definitiva de plazas de Formación Sanitaria Especializada, así como su distribución se fijará el próximo 30 de noviembre y las pruebas selectivas se realizarán el 27 de marzo de 2021. Ante un escenario de creciente y progresiva incidencia de nuevos trastornos mentales como la ansiedad, depresión o estrés postraumático en la sociedad española como consecuencia de la crisis sociosanitaria generada por la Covid-19, ANPIR demanda incrementar los esfuerzos en la formación de psicólogos clínicos para contar con un número suficiente de profesionales en la sanidad pública.
La formación como psicólogo interno residente (PIR) es necesaria para trabajar como psicólogo clínico y obtener el título de Especialista en Psicología Cínica. El pasado mes de junio se asignaron únicamente 189 plazas para más de 4.500 aspirantes, una cifra que se encuentra un 50% por debajo de las que serían adecuadas ante el aumento de problemas de salud mental en España tras la pandemia. Por ello, ANPIR considera necesario “planificar y ejecutar las medidas que sean pertinentes para lograr el objetivo de aproximarse progresivamente a la cifra mínima de 400 plazas PIR anuales, que servirían de garantía para contar con un número suficiente de profesionales de Psicología Clínica a medio plazo”, apunta Javier Prado.
Inequidad y desigualdad entre Comunidades Autónomas
En 2020 se ofertaron 189 plazas, un 89% de las 212 posibles. Solo 9 Comunidades Autónomas ofertaron todas las plazas PIR acreditadas. 12 comunidades autónomas ofrecen al menos un 90% de las plazas acreditadas. Asturias, Andalucía, Extremadura, Baleares y Galicia están por debajo de la media española en número de plazas ofertadas.
Extremadura, Baleares y Galicia se encuentran a la cola y el año pasado dejaron de ofertar el 40% de las plazas acreditadas. Para 2021 las unidades docentes de los hospitales han trabajado para acreditar 10 plazas más, llegando hasta las 222. “Es un momento excepcional y de medidas extraordinarias, donde en colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad tenemos la oportunidad como país de lanzar un mensaje claro sobre la importancia de la salud mental con una convocatoria histórica de 222 plazas, el total de las plazas acreditadas”, señala Javier Prado.
Comunidad Autónoma
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Porcentaje plazas PIR ofertadas sobre acreditadas (2020)
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Castilla y León
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100%
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País Vasco
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100%
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Castilla-La Mancha
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100%
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Aragón
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100%
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Murcia
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100%
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Navarra
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100%
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Canarias
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100%
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Cantabria
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100%
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La Rioja
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100%
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Madrid
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97%
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C. Valenciana
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95%
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Cataluña
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93%
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Asturias
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83%
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Andalucía
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77%
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Extremadura
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63%
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Baleares
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60%
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Galicia
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58%
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Porcentaje de plazas PIR ofertadas sobre el total de plazas acreditadas en 2020.
Aumento de trastornos mentales entre la sociedad española
Entre el 40% y el 60% de los motivos de consulta atendidos por los profesionales de Atención Primaria, de manera previa a la Covid-19, ya estaban relacionados con la Salud Mental; una cifra que se prevé puede aumentar entre un 15% y un 20%.
La experiencia con la anterior crisis económica de 2008 nos recuerda que, entonces, los problemas de salud mental se abordaron casi exclusivamente a base de psicofármacos. El consumo de antidepresivos en España se multiplicó por cuatro, mientras se recortaron las medidas de protección social y el acceso a tratamientos psicológicos especializados en la sanidad pública. Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis pandémica pueden provocar un repunte en los problemas de salud mental en los próximos años.