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Víctor Manuel Duce, portavoz de los trabajadores del sector del juego de Cataluña.
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Víctor Manuel Duce, portavoz de los trabajadores del sector del juego de Cataluña.

Los trabajadores del sector del juego piden amparo al Síndic de Greuges

El sector del juego es el único que no aparece en ninguna de las cuatro fases de reapertura previstas por el Gobierno catalán

sábado 12 de diciembre de 2020, 13:31h
Victor Manuel Duce alerta que 8.000 personas pueden perder su puesto de trabajo. id:66133
Los trabajadores del sector del juego de Cataluña han pedido al Síndic de Greuges que actúe ante la "discriminación" en la que los ha sometido el Gobierno de la Generalitat ya que Bingos, Casinos y Salas de Juego son los únicos establecimientos que no aparecen en ninguna de las cuatro fases de reapertura previstas por el Gobierno.

Los bingos, casinos y salas de juego, junto con otros sectores como la hostelería, teatros, cines, gimnasios y centros comerciales, cerraron el pasado 14 de octubre por el segundo confinamiento decretado por la Generalitat.

Tras de seis semanas de cierre obligatorio, restaurantes, teatros, cines y gimnasios vuelven a la actividad mientras que el sector del juego no aparece en ninguna de las cuatro fases de reapertura previstas por el Gobierno catalán, quien tampoco ha hecho pública una posible fecha de apertura.

El portavoz de los trabajadores, Victor Manuel Duce, ha señalado que en Cataluña hay más de 8.000 personas que trabajan en bingos, casinos y salas de juego, un sector que, además, da trabajo indirecto a 28.000 personas y que, a estas ahora, "no sabe cuándo podrá volver a trabajar".

"Nuestros locales han establecido protocolos y medidas que van mucho más allá de lo estrictamente obligatorio por ley: control de temperatura, instalación de mamparas de separación, garantía de mantenimiento de las distancias físicas y constante ventilación y renovación del aire", ha explicado Duce, a través de una carta, a Rafael Ribó.

En la carta, los trabajadores recuerdan que las salas de juego son "una de las pocas actividades en las que se lleva un control exhaustivo sobre las personas que acceden a los locales, lo que garantiza, no sólo el control de aforo, sino también la trazabilidad en el hipotético caso de contagio".

Por esta razón los trabajadores no entienden que el Gobierno catalán les condene a permanecer cerrados, teniendo en cuenta que el sector contribuye a la administración con más 225 millones de euros en impuestos.

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