Esta ausencia normativa deja desprotegidos a los consumidores y usuarios con discapacidad visual que conocen y usan el código de lecto-escritura braille para acceder a la comunicación escrita, resintiéndose gravemente el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses.
El CERMI pide al Defensor del Pueblo que, tras acreditar esta vulneración de derechos de las personas con discapacidad visual, inste al Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociala aprobar unas condiciones básicas normativas sobre etiquetado braille de productos de consumo masivo, así como de productos potencialmente peligrosos para los usuarios.
En España, gracias a una Directiva europea sobre envases de medicamentos, solo existe obligación de etiquetado braille para este tipo de productos, pero no para los de consumo extenso y generalizado que se distribuyen en el comercio minorista.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte, entre ellos España, a dotar de accesibilidad a través del uso del braille, mandato que nuestro país incumple.