Los impagos afectan a las empresas a todos los niveles. Sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de contratar nuevos empleados, cumplir con ciertos intereses y objetivos de negocio cruciales para la entidad o, simplemente, crecer como compañía. Una de las principales claves para prevenir la morosidad es gestionar correctamente los retrasos en los pagos de los clientes, evitando que se conviertan en una deuda permanente. Tal y como muestra el Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, el 72% de las empresas españolas han aceptado dar soluciones alternativas cuando una compañía cliente les ha solicitado plazos de pago más largos. Un porcentaje que se ha reducido en los últimos meses: hace un año, el 91% de las organizaciones de nuestro país accedía a acordar nuevas soluciones para facilitar el abono de facturas.
Con esta cifra, de los 29 países europeos analizados por la compañía líder en prevención y gestión de impagos, España se sitúa a la cola en el ranking de mercados más dispuestos a ofrecer alternativas frente a los posibles retrasos en los pagos, solo por encima de Países Bajos (69%) y Bélgica (69%), y seis puntos porcentuales por debajo de la media europea (78%). Más proclives a negociar nuevas condiciones se encuentran países vecinos como Alemania (76%), Italia (76%), Reino Unido (77%), Francia (80%) o Portugal (81%).
Entre las principales opciones que ofrecen a sus clientes cuando estos solicitan ampliar sus plazos de pago, las empresas españolas suelen apostar por dar condiciones de pago revisadas (33%). Otras opciones son ofrecer un descuento como alternativa (27%), aceptar las condiciones de pago de manera excepcional (15%) y acceder a una revisión de plazos, pero agregando un recargo (12%).
¿Qué pasará con la morosidad en los próximos meses?
Ante la situación de incertidumbre económica actual, los expertos de Intrum ofrecen algunas claves sobre cómo podría evolucionar el contexto empresarial y el riesgo de morosidad en lo que resta de 2022:
De hecho, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA autónomos, el 66,5% de estos trabajadores por cuenta propia afirma estar aún lejos de la recuperación de su actividad, tres de cada diez no descartan tener que cerrar su negocio e, incluso, el 6,6% ve su situación tan mala que afirma que tendrá que cerrar.
De hecho, tal y como muestra el último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco de España, la banca española tiene 94.000 millones de euros de créditos en vigilancia especial, considerándose en esta condición aquellos que presentan dificultades de pago y que todavía no son morosos, pero que pueden acabar siéndolo. Una situación que, debido a la inestabilidad económica actual, podría agravarse en los últimos meses del año.