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Equidad tributaria

La UE publica la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal
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La UE publica la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal

miércoles 19 de febrero de 2020, 13:27h
Cuatro países o territorios (Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles) se han añadido a la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado. id:55475
Los ministros de Finanzas de la UE han actualizado hoy la lista de la UE de países y territorios no cooperadores en materia fiscal. Cuatro países o territorios (Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles) se han añadido a la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado. Se suman así a las ocho países o territorios (Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Samoa Americana,Trinidad y Tobago, Vanuatu y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos) que ya figuraban en la lista y siguen sin cumplir las normas. En cambio, más de la mitad de los países objeto de la elaboración de la lista en 2019 han sido retirados de ella, ya que cumplen ahora todas las normas de buena gobernanza fiscal.

Tras la actualización, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado lo siguiente: «La lista de la UE de países y territorios no cooperadores en materia fiscal contribuye a mejorar realmente la transparencia mundial en este tema. Hasta la fecha, hemos examinado los regímenes fiscales de 95 países y en su mayoría cumplen nuestras normas de buena gobernanza. Este proceso ha llevado a la eliminación de más de 120 regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo, y decenas de países han empezado a aplicar normas de transparencia fiscal. Los ciudadanos europeos esperan que las personas y empresas más ricas paguen equitativamente sus impuestos, y los países y territorios que les permitan evitar hacerlo deben sufrir las consecuencias. Las decisiones de hoy demuestran que la UE va en serio».

Al elaborarse la lista de la UE, los países y territorios se evalúan con arreglo a tres criterios principales: la transparencia fiscal, la equidad fiscal y una actividad económica real. Se insta a aquellos que no reúnan cualquiera de esos criterios a subsanar las deficiencias en un plazo determinado.

Próximas etapas

La Comisión y los Estados miembros continuarán el diálogo con estos países y territorios sobre la lista y su anexo II (países y territorios con compromisos pendientes) de cara a la próxima actualización de la lista de la UE en octubre de 2020. Otra prioridad es el seguimiento de los países retirados de la lista para garantizar que aplican la buena gobernanza fiscal en la práctica. La lista de la UE sigue siendo un proceso dinámico, que seguirá desarrollándose en los próximos años para seguir el ritmo de la evolución internacional.

Contexto

El diálogo y las actividades exteriores son un elemento central de la práctica de elaboración de listas de la UE. La Comisión presta un apoyo considerable a los terceros países para reforzar sus instrumentos contra el fraude fiscal, además de asistencia técnica a aquellos que lo necesitan. Esto resulta especialmente beneficioso para los países en vías de desarrollo, que se ven afectados de forma desproporcionada por el fraude fiscal y los flujos financieros ilícitos a escala mundial. A este respecto, la elaboración de la lista de la UE contribuye a que se alcancen las metas fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De los cuarenta países y territorios que han sido evaluados desde la última actualización importante de la lista de la UE en marzo de 2019, casi una docena de ellos cumplen ya los requisitos y han sido completamente retirados de la lista. Esto demuestra los resultados positivos que puede tener el proceso de elaboración de listas de la UE.

En cuanto a las consecuencias, aparte de los daños a la reputación que entraña su inclusión en la lista, los países y territorios que figuran en ella están sujetos a medidas de defensa tanto de la UE como de los Estados miembros. A nivel de la UE, esto afecta a la distribución de los fondos de la Unión. A nivel nacional, los Estados miembros también deben aplicar contramedidas con arreglo al planteamiento coordinado que han acordado.

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