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JR Abogados, expertos en desahucios de inquilinos y okupas
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JR Abogados, expertos en desahucios de inquilinos y okupas

martes 02 de febrero de 2021, 12:47h
El término desahucio se refiere al proceso civil por el que un propietario puede expulsar legalmente a un inquilino de su propiedad arrendada. El desahucio puede producirse cuando el inquilino deja de pagar el alquiler, cuando se incumplen las condiciones del contrato de alquiler o en otras situaciones permitidas por la ley. id:67777
En términos generales:
  • Un desahucio es la expulsión por orden judicial de un inquilino de la vivienda en la que reside.
  • Un propietario puede decidir desalojar a un inquilino por falta de pago del alquiler, por daños, por actividades ilegales, por violar los términos del contrato de alquiler o si el propietario desea tomar posesión de la propiedad con causa justificada.
  • El proceso de desahucio suele comenzar con una notificación del propietario, que pide al inquilino que ponga remedio a determinadas condiciones.
  • Si el inquilino no pone remedio, el propietario puede iniciar el procedimiento de desahucio en los tribunales.
  • Los jueces escuchan los testimonios, revisan las pruebas y deciden si desalojan o deniegan la petición del propietario.

Los desahucios puestos en manos de un letrado especialista en desahucios de inquilinos y okupas permiten a los propietarios expulsar a los inquilinos conflictivos y a los que no pagan el alquiler a tiempo o en absoluto. Aunque puede ser molesto, los propietarios pueden beneficiarse de un procedimiento de desahucio para proteger los intereses de su propiedad. Al desalojar a un inquilino indeseable, el propietario puede abrir su propiedad a inquilinos mejores y más responsables.

Los efectos de un desahucio pueden ser duraderos para los inquilinos. Por ejemplo, cuando una persona presenta una solicitud de alquiler para una nueva vivienda, es probable que en la solicitud se le pregunte si ha sido desahuciada anteriormente.

Algunos “expertos” indican que altas tasas de desahucio tienen efectos perjudiciales para la sociedad en general. Al “desestabilizar” a las familias, argumentan, los barrios con altos índices de desahucio se vuelven más propensos a la delincuencia. Se olvidan de que cuando uno firma un contrato de cualquier tipo tiene que cumplirlo, o al menos negociarlo y comportarse como una persona.

Los inquilinos morosos también suponen un elevado coste financiero para las ciudades, que a menudo pierden los impuestos sobre la propiedad, las facturas de servicios públicos pendientes y pueden tener que pagar más por los albergues y los servicios sociales.

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