Tribunal Supremo

La decisión del Tribunal Supremo Español que establece que son los clientes de la banca los que deben pagar el Impuesto de actos Jurídicos documentados en el caso de los contratos hipotecarios, señala la definitiva pérdida de la confianza de los consumidores españoles en el Poder Judicial.

Consumidores y bancos aguantarán hoy 5 de noviembre la respiración cuando el Tribunal Supremo se disponga a comunicar qué parte debe pagar finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) que se genera al constituirse una hipoteca.

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha emitido Nota Informativa sobre la Sentencia nº 1505/2018, del pasado día 16, relativa al sujeto pasivo de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. En la misma se avoca al Pleno de la Sala para conocer alguno de los recursos pendientes con objeto similar, al objeto de decidir si el giro jurisprudencial materializado en la sentencia mencionada debe de ser confirmado o no.

¿Pueden reclamarse las plusvalías devengadas con anterioridad a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es de junio de 2017?

reclamador.es, compañía online de servicios legales, ha analizado los posibles pronunciamientos del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en relación al IAJD.

El Tribunal Supremo sentencia que debe ser el banco y no el cliente quien pague el impuesto en sus hipotecas.

Las nubes no se terminan de despejar para los hipotecados que quieren recuperar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que pagaron al escriturar su préstamo.

La Comisión Europea ha decidido llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la nueva Ley polaca del Tribunal Supremo y solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares hasta que se haya dictado una sentencia en el asunto.

Los técnicos de Hacienda lamentan que el Alto Tribunal concluya que Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro no se enriquecieron ilícitamente por delitos fiscales cometidos por sus respectivos maridos.