Emisión de bonos de la UE y empleo

El siguiente paso es que la Comisión apruebe los planes que cada país ha elaborado, y que posteriormente el Consejo de su visto bueno y así los países podrían empezar a recibir el dinero. La resolución añade que esto no implica la mutualización de deuda anterior, en un gesto para tratar de convencer a los países del Norte que se oponen frontalmente a los eurobonos, como Países Bajos, Alemania, Finlandia o Austria. La emisión de deuda de forma conjunta implicaría ir un paso más allá en la construcción europea. Al estar respaldados por la zona euro, los eurobonos ofrecerían mayores garantías que los bonos nacionales, por lo que sus intereses serían más bajos y se abarataría el pago de la deuda. Este modelo, que implica la emisión conjunta de bonos por parte de los Gobiernos de la Zona Euro, era hasta hace poco un tema tabú en algunos países, especialmente Alemania. Sus autoridades se oponían porque temían verse obligados a poner dinero para cubrir los compromisos de los países con peor situación fiscal del bloque, si se diera el caso de que éstos no pudieran afrontar los pagos correspondientes sobre el total de esa deuda común. Diez años después, la reacción en Europa es bien distinta a la de la crisis anterior: los gobiernos han asumido las caídas de ingresos en familias y empresas poniendo en marcha un plan europeo de recuperación inimaginable hace diez años, dejando de momento, a un lado la disciplina fiscal.

Pero dentro de la Unión Europea, sigue habiendo preocupaciones. Y en España concretamente, la principal es el empleo. El pasado jueves se aprobó en Consejo de Ministros el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Tras semanas de negociaciones del Gobierno con la patronal y los sindicatos, se ha aprobado la prórroga de los ERTE y las prestaciones a autónomos hasta el 30 de septiembre. Uno de los puntos clave eran las bonificaciones de las contribuciones a la seguridad social que recibirán las empresas si recuperan a los 560.000 trabajadores que continúan en ERTE. Se eleva el porcentaje de las ayudas, que pasan del 85% actual al 95% para las empresas de menos de 50 trabajadores; y del 75% al 85% para las de mayor plantilla. Por el contrario, se mantiene el esquema de protección para los trabajadores que sigan suspendidos durante los meses de junio y julio (85%, en las empresas de menos de 50 empleados y 75% en el resto), mientras que en agosto y septiembre habrá una reducción (bajarán al 75% las de menor plantilla y al 65% las de más de 50 empleados). Las medidas afectarán a los trabajadores fijos discontinuos (sector turístico y hotelero).

El coste de prolongar hasta el 30 de septiembre el marco protector de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), junto con el paquete de ayudas para autónomos, supondrá un gasto cercano a los 3.400 millones de euros para las arcas públicas entre exoneraciones y prestaciones. Hasta la fecha, la medida ha tenido un coste de unos 19.000 millones (casi un 2% del PIB). Cabe recordar que, desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año, hubo alrededor de 1 millón de personas acogidas a esta medida, y en lo peor de la pandemia la cifra llegó a los 3,5 millones de personas.