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La Reforma de la Ley Concursal y el nuevo procedimiento especial para microempresas solo garantizan el colapso del sistema

La Reforma de la Ley Concursal y el nuevo procedimiento especial para microempresas solo garantizan el colapso del sistema
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miércoles 04 de agosto de 2021, 11:28h
ASPAC señala que el Anteproyecto no cumple con los principios del Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo en materia de insolvencias y condena al 88% de los actuales procesos concursales a un experimento que ninguna legislación de nuestro entorno avala. id:74729
Un año después de la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal, el Gobierno ha presentado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal por el que se modifica dicho texto. Tras un primer análisis y aun estando en periodo de consulta pública, la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ve insuficiente la reforma y presentará sus alegaciones a la misma aduciendo, entre otras cuestiones, que no transpone uno de los puntos clave de la Directiva, el Estatuto del Administrador Concursal. Asimismo, señala que el Anteproyecto no cumple con los principios del Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo en materia de insolvencias, por lo que condena al 88% de los actuales procesos concursales a un experimento que ninguna legislación de nuestro entorno avala. Además, la Asociación rechaza el procedimiento especial para micro pymes, porque entiende que sólo provocará el colapso del sistema judicial

Así, la ASPAC ha señalado que la reforma no será efectiva, especialmente en la situación en la que nos encontramos, si no existe un marco regulatorio que proporcione seguridad jurídica a los profesionales de la Administración Concursal en cuanto al acceso a la profesión, sus funciones y su retribución. Dada la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, han sido muchas las empresas que se han visto con problemas de insolvencia. Para ASPAC, estas compañías tienen derecho a ser asistidas por verdaderos expertos que puedan contribuir a la salvación de las empresas viables ante el aluvión de concursos de acreedores que se prevé llegará tras el fin de la moratoria concursal.

Diego Comendador, presidente de ASPAC, ha señalado que “de media, en nuestro país hay unos 12.000 administradores concursales para 3.000 procedimientos. La existencia del Estatuto puede acotar este dato insostenible, que supondría una garantía tanto para el administrador concursal como para la empresa concursada y sus acreedores al tener equipos altamente especializados. Esta enésima reforma, aunque contiene avances como el examen de acceso a la profesión, no solucionará el problema del alargamiento innecesario de los procedimientos concursales ni evitará que empresas viables vayan a liquidación”.

Sin contar con la opinión de los verdaderos conocedores de los procedimientos concursales

La Asociación ha mostrado su inquietud porque el Ejecutivo no tenga en cuenta la opinión de los Administradores Concursales, verdaderos expertos y conocedores de los procedimientos concursales, junto con los jueces. Desde ASPAC han transmitido en distintas ocasiones su interés por formar parte de la redacción del texto de la Ley Concursal a través de su conocimiento de la materia. Sin embargo, sus peticiones no han sido escuchadas.

Entre las medidas para mejorar la Ley Concursal que ASPAC ha trasladado a la Administración de manera continua, se encuentra la de descargar de trabajo los juzgados dándole mayor responsabilidad a los Administradores Concursales.

El presidente de ASPAC finaliza: “el papel del profesional es fundamental en los procesos de elaboración de leyes regulatorias en cualquier ámbito. Desde ASPAC hemos puesto a disposición de las administraciones nuestro conocimiento y experiencia sobre la insolvencia con el objetivo de construir un marco que apoye la viabilidad de las empresas y la recuperación económica. Ahora, ante la presentación de una reforma que no cumple con lo establecido por la Directiva Europea, seguiremos insistiendo en la entrada en vigor del Estatuto del AC para contar con un sistema que dé garantías a acreedores y deudores, como tienen nuestros vecinos europeos”.

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