COMUNICADO DE PRENSA
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Nº 1.678
01/12/2015
Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, anunció hace pocos días en rueda de prensa la decisión de los asambleístas del movimiento oficial, de aceptar la sugerencia del Presidente para incorporar una medida transitoria, que evita su postulación y la de asambleístas que hayan estado en dos periodos consecutivos, a los próximos comicios.
Las 16 enmiendas que señala la noticia tienen que ver con varios temas: a) la posibilidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados puedan hacer consulta popular sobre materias de su jurisdicción y territorio fomentando así la participación ciudadana, b) establecer la edad mínima para ser Presidente en los 30 años y permitiendo la candidatura de los más jóvenes, c) que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interna de manera complementaria a la Policía Nacional d) que la Contraloría del Estado siga controlando el gasto público, y que de la evaluación de los proyectos se ocupe la Secretaría de Planificación del país (SENPLADES), e) que la Defensoría del Pueblo tenga representaciones en todo el país y en el extranjero, siguiendo la división territorial de la función judicial, f) el derecho a una jubilación digna para la Policía y las Fuerzas Armadas, g) que las autoridades puedan elegirse las veces que el pueblo lo decida, h) plantear la comunicación como un servicio público, entre otras.
Las dos últimas enmiendas han sido desde el principio utilizadas por la oposición para polemizar. Así en lugar de hablar sobre la propuesta a la ciudadanía para que pueda reelegir a sus autoridades y decidir la continuidad o no, de un proyecto político, han hablado erróneamente de “reelección indefinida”, y esto no es así porque el hecho de que un candidato se presente nuevamente no lo convierten en autoridad, el pueblo ecuatoriano es el único que puede elegirlo y otorgarle la victoria o derrota.
Por otra parte, la oposición ha tergiversado la propuesta del derecho a la comunicación como un servicio público, como “un mayor control a los medios de comunicación”, cuando el Gobierno ha sido muy claro en este tema y siempre ha defendido que en este ámbito es necesaria la participación de medios privados, medios públicos y comunitarios, para dar participación a nuevas voces, para no discriminar a las minorías étnicas de los espacios informativos, para no monopolizar la información en pocos grupos mediáticos y que se practique un periodismo responsable que no desinforme, calumnie o injurie impunemente.
Es preciso señalar que el proceso de tramitación de las enmiendas cumple perfectamente lo establecido en nuestra Constitución, desde el concepto de la enmienda hasta las vías legales para su tramitación. La Carta Magna define la enmienda como “uno o varios cambios a artículos de la Constitución que no altera la estructura fundamental, el carácter o elementos del Estado, que no establece restricciones a los derechos y garantías, o que no modifica el procedimiento de reforma estipulado”. Es decir, el objetivo de la enmienda no es otro que mejorar los derechos recogidos en la Constitución, fortalecer la democracia y la institucionalidad del país.
En su Art. 441, la Constitución prevé 2 vías legales para realizar la enmienda: la primera mediante referéndum solicitado por el Presidente de la República, o la Ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el padrón electoral, y la segunda por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, esta última es la vía por la cual se inició el proceso para las enmiendas Constitucionales. En ese sentido, la Asamblea Nacional cuenta con toda la legitimidad para llevar adelante este proceso.
Cabe precisar que tales enmiendas pasaron por la previa evaluación, análisis y posterior dictamen favorable emitido por parte de la Corte Constitucional del Ecuador en octubre de 2014, mediante el cual se autorizó su tramitación a través de la Asamblea Nacional.
Además hay que destacar que en la discusión de las mismas participa una Comisión especial integrada por asambleístas de diferentes partidos políticos, que participaron del primer debate a finales de 2014, y que participarán del segundo debate, que previsiblemente se realizará en diciembre de este año, en el cual será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional para que tales cambios sean adoptados.
Esto y los más de 116 encuentros de socialización de las enmiendas realizados por la Asamblea en las 24 provincias del país, son muestra clara de que todo el proceso se ha llevado a cabo de acuerdo a la legalidad prevista por nuestra Carta Magna y promoviendo la participación del pueblo ecuatoriano.
Atentamente,
Dr. Miguel Calahorrano Camino
Embajador del Ecuador en España