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El CES considera que se ha perdido la oportunidad de establecer una estrategia que integre todas las intervenciones a favor de la creación y el crecimiento de empresas

El CES considera que se ha perdido la oportunidad de establecer una estrategia que integre todas las intervenciones a favor de la creación y el crecimiento de empresas
viernes 22 de octubre de 2021, 13:38h
En el Dictamen sobre el Anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas. Señala que la dificultad para valorar la calidad crediticia de las pymes puede abocar a recurrir a garantías personales para financiarse. id:77112
El Consejo Económico y Social de España considera que el Anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, cuyo dictamen fue aprobado por el Pleno, solo prevé modificaciones concretas en parte de la multitud de aspectos que pueden afectar o limitar la creación y el crecimiento empresarial, habiéndose perdido nuevamente la oportunidad de establecer una estrategia coherente que unifique, integre y vertebre todas las intervenciones a favor de la creación de empresas, de su crecimiento y consolidación.

Dinamismo empresarial

En líneas generales, el Consejo acoge favorablemente el Anteproyecto porque propicia el dinamismo empresarial: aspecto esencial para consolidar la reactivación económica. Y recuerda que se trata de impulsar la creación y el crecimiento empresarial en aras de una mayor sostenibilidad y progreso social, de modo que las personas, el medioambiente y el buen gobierno formen parte del propósito u objeto social de la empresa.

Asimismo, señala que la dificultad para valorar la calidad crediticia de las empresas más pequeñas las aboque a recurrir a garantías colaterales personales o inmobiliarias para acceder a la financiación ajena, que es mayoritariamente bancaria.

En cuanto a la promoción de fuentes de financiación alternativas a la procedente de las entidades crediticias, el Consejo considera que se podrían haber contemplado también mejoras normativas que faciliten el acceso directo del pequeño empresariado a los mercados de capitales organizados. Pese a ello, el dictamen valora positivamente que el Anteproyecto preste una atención especial a las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas en cuanto al acceso a la financiación, recogiendo, por un lado, medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones de crédito comercial, e introduciendo, por otro lado, un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa y reformando las normas relativas a la inversión colectiva y el capital riesgo.

Factura electrónica y digitalización

El CES respalda la implantación de la factura electrónica entre empresas y autónomos prevista en el Anteproyecto, aunque señala que ello puede suponer un incremento adicional de las cargas. De ahí que pida a la Administración Pública que les provea de los mecanismos de apoyo, técnicos y formativos para adquirir las competencias adecuadas, así como las herramientas específicas, nuevas o ya existentes en otros ámbitos. A este respecto, señala que el programa Digital Toolkit, como instrumento de desarrollo del plan de digitalización de pymes, podría incluir la implantación de la factura electrónica.

Economía social

El Consejo lamenta la ausencia de referencias en el Anteproyecto a las empresas y entidades de la Economía Social como una parte importante del tejido empresarial y, en particular, a las cooperativas y sociedades laborales. En este sentido, dada la relevancia socioeconómica de este conjunto de empresas, plantea extender la norma a las mismas, eliminando las trabas detectadas en su constitución y permitiendo aumentar y mejorar los instrumentos de financiación.

Unidad de mercado

Por otra parte, el CES avala el objetivo del Anteproyecto de modificar la Ley de Garantía de la unidad de mercado, en aras de mejorar la reglamentación y la competencia, evitando que la fragmentación y los obstáculos reglamentarios impidan el correcto desarrollo de las actividades económicas de las empresas.

Pero en relación al procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos, considera que la autoridad competente debería colaborar y participar proactivamente en la correcta defensa conjunta de la unidad de mercado.

Finalmente, en el dictamen se expresa la disconformidad con el procedimiento de consulta seguido, ya que el texto del Anteproyecto podría no ser definitivo, caso en el que se limitaría el ejercicio pleno de las competencias consultivas y de participación de este Órgano.

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