Según el Real Decreto Ley que regula las VTC aprobado en el segundo semestre de 2018, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los encargados de legislar en materia de transporte urbano, ámbito donde las VTC desarrollan la mayor parte de su actividad.
En el caso de la Comunidad de Madrid, esta regulación ha de ser aprobada por el Gobierno regional y el Consistorio. Según explica Sanz, aunque el Ayuntamiento ha mostrado en reiteradas ocasiones su predisposición para regular esta materia dentro de sus competencias actuales, “existe una gran falta de voluntad política y disposición por parte de la Consejería de Transportes, entidad dependiente de la Comunidad de Madrid, para trabajar en esta regulación”.