La Cátedra Santander de los Derechos del Niño pide más datos y coordinación pública para proteger al menor

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el martes, durante el debate de investidura, que en la próxima legislatura se aprobará una ley “que contará con el aplauso unánime de toda la Cámara”. Se refería a la Ley Integral de Protección a la Infancia frente a la violencia, un texto legal que se ha elaborado con la participación activa de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, impulsada por la Universidad Pontificia Comillas y Banco Santander a través de Santander Universidades.

Clara Martínez muestra su satisfacción por la próxima aprobación del texto tras meses de parálisis política. “Laviolencia contra la infancia puede ser causante de deterioro en el desarrollo psicológico y emocional, causante a su vez de dificultades sociales y cognitivas y con repercusiones irreparables en la vida de las personas”, asegura Martínez, y finalmente, con“consecuencias económicas para la sociedad”. En este sentido, la Cátedra también realizó el informe, “Los costes de la violencia contra la infancia: Impacto económico y social”, en el que se advierte que la violencia –física, emocional, sexual o por descuido y trato negligente– afecta de manera decisiva a la vida de los niños y niñas y por tanto “pone en riesgo el desarrollo del capital humano y social”.

En el informe, elaborado por los investigadores de la cátedra María Eugenia Fabra, Raquel Redondo, Adam Dubin, Clara Martínez y Kepa Paul Larrañaga, y editado por EDUCO y la Universidad Pontificia Comillas, se desglosa las consecuencias de este tipo de violencia y sus costes asociados, según afecta a la salud física, psicológica, en el comportamiento - con impacto en el rendimiento y abandono escolar, el abuso de sustancias, embarazos no deseados, ETS, o posible delincuencia juvenil- o consecuencias sociales como el desarraigo, o comportamiento antisocial.

Todas estas situaciones, desencadenan una serie de costes e incremento del gasto público por gastos sanitarios, educativos y sociales para tratar de paliar y ayudar a las víctimas infantiles de violencia.

Como ejemplo, y teniendo en cuenta la insuficiencia de datos que aseguran haberse encontrado los expertos y la gran magnitud de casos no denunciados, el informe hace un análisis exhaustivo y traduce 3.919 casos denunciados de violencia sólo de tipo sexual, registrados en 2015, - de los más de 97.000 estimados totales -, en un coste de 979 millones de euros, incluyendo los costes sanitarios, educativos, judiciales y de servicios o prestaciones sociales que posteriormente necesitan los menores.

Esto, teniendo en cuenta que “solo es el coste de la violencia sexual, no de toda la violencia contra la infancia; solo es el coste de lo que tenemos datos, no tenemos datos sobre algunas de las consecuencias y solo es el coste de lo que es medible”, explican en la investigación.

El informe urge a todas las administraciones competentes a realizar un mayor esfuerzo para obtener más datos, desglosados y comparables y explica que “la falta decoordinación y armonización de criterios entre los actores implicados en la protección dela infancia, supone una dificultad para conocer con exactitud la repercusión de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”.