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El IEE cree que son unos presupuestos de gasto expansivo en un escenario económico poco realista

Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos.
Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos.
miércoles 11 de noviembre de 2020, 12:46h
Los PGE-21 están sustentados en un escenario macroeconómico poco realista y con unas estimaciones de ingresos muy voluntaristas.
Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha presentado la ‘Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021’, los que califica de expansivos, sustentados en un escenario económico poco realista y en unas estimaciones de ingresos muy voluntarista.

Esta combinación resulta muy preocupante porque el déficit y la deuda serán más elevados que los previstos, lo que aumentará las vulnerabilidades de nuestra economía, con el consiguiente perjuicio para la credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, las subidas de impuestos que proponen sobre las empresas no ayudan a favorecer la recuperación de la actividad y del empleo, ni hacen más atractivo nuestro país para atraer la inversión y retener el talento.

Desde el IEE creemos que el cuadro macroeconómico del Gobierno es poco prudente en sus estimaciones de crecimiento para 2021, máxime tras ver la evolución de la pandemia a nivel mundial en este cuarto trimestre. Las restricciones que conllevará afectarán negativamente a la recuperación, al menos a buena parte de la primera mitad de 2021, con lo que el crecimiento previsto para el próximo año se puede resentir sensiblemente.

Frente al optimista 9,8% (con los fondos europeos) del Gobierno para el 2021, la Comisión estima un crecimiento de tan sólo el 5,4%. Otros analistas nacionales e internacionales cifran el crecimiento para España alrededor del 7%, pero es muy probable que esa cifra se revise a la baja dada la evolución reciente de la pandemia.

El Gobierno aprovecha la flexibilización de las reglas de gasto para incrementarlo

Con este escenario, el Gobierno ha justificado un presupuesto para 2021 con una política muy expansiva del gasto, de tal forma que el gasto público de las AA.PP. se sitúa próximo al 50% del PIB. El incremento del gasto total del presupuesto consolidado del Estado es del 19,4%. Este notable incremento se apoya, por un lado, en el dinero que se prevé que llegue de la UE (26.634 millones) pero también está marcado por decisiones discrecionales del Gobierno, sobre todo en materia social.

Tal y como se anali­za en este Informe, no es incompatible responder, en este contexto económico de crisis, a la demanda social y al apoyo de la transformación estructural que requiere nuestro tejido em­presarial mediante una política de gasto expansiva con una mejora de la calidad y de la efi­ciencia de la misma. Si en España se lograra que la eficiencia del gasto público fuera similar a la de la media de la OCDE, podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, esto es, según los PGE-2021 unos 58.000 millones de euros, y los ahorros podrían ser mayores si nos homologáramos a las mejores prácticas.

Hay que señalar que el gasto no financiero del presupuesto consolidado crece cerca del 10%, una vez excluida la financiación procedente de los fondos europeos, cifra incluso superior al fuerte crecimiento del gasto del 8,1% previsto para este 2020.

En este sentido, hay que destacar que, a pesar del incremento de la dotación para las políticas económicas, no se aprovecha en su totalidad el impulso adicional que estos fondos europeos supone. Aunque la importancia de la sobrefinanciación de los fondos europeos sobre las partidas del Pre­supuesto total se concentra en las actuaciones de carácter económico, no es menos significativo el peso de los fondos en las actuaciones de carácter social. Se ha de destacar la aportación específica de estos sobre las políticas sociales de acce­so a la vivienda y fomento de la edificación (73,3% sobre el gasto total en esta partida), sanidad (57,9%), educación (36,8%), servicios sociales y de promoción social (22,4%), cultura (17,4%) y fomento del empleo (16,1%).

Subidas de impuestos sobre las empresas que lastrarán la recuperación

Además, las medidas fiscales anunciadas van a suponer un aumento de la presión fiscal para los contribuyentes, que, junto con la sobreestimación de los ingresos públicos, comprometerán los objetivos presupuestarios.

La presión fiscal en las empresas españolas, con relación al PIB, es casi dos puntos superior a la del promedio de la UE. Pues bien, alrededor del 80% de las subidas de impuestos van dirigidas a las empresas, lo que perjudicará la recuperación de la actividad y la creación de empleo. A lo que tenemos que sumar que vivimos en un mundo globalizado, con movilidad de personas y de capitales, y que la competitividad de una economía no reside sólo en sus empresas y sus trabajadores, sino también en su entorno económico y regulatorio, así como en su marco fiscal.

Los incrementos en los Impuesto sobre el Patrimonioo del IRPF pueden provocar la deslocalización de las personas con más capital humano hacia estos otros territorios, y complicar la atracción y la retención del talento para nuestras empresas, además de terminar afectando negativamente al conjunto de la recaudación tributaria.

Por su parte, limitar la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades al 95%, es muy perjudicial, ya que equivale a un impuesto adicional. De nuevo, muy pocos países de la UE han limitado la corrección de la doble imposición hasta el 5% en su sistema tributario, lo que provoca que su introducción en España provoque una desventaja competitiva a nuestras empresas, por el encarecimiento en su coste de capital, en relación a las de otros países. La propuesta perjudica a las empresas porque supone una barrera a la internacionalización de las mismas. Entre otros efectos, la penalización fiscal fuerza a reorganizaciones en la estructura de las empresas cuando sus prioridades debían ser otras, e introduce una motivación fiscal a retrasar en el tiempo la retribución al accionista y la repatriación de capitales. Además, supone una doble tributación sobre unos mismos rendimientos, puesto que recae sobre rentas que ya has sido sujetas a tributación previamente.

La subida del IVA del 10% al 21% para bebidas edulcorantes es injusta y discriminatoria, impuesta en el peor momento posible y sin que experiencias internacionales sean concluyentes respecto a su capacidad para la modificación de hábitos alimentarios. Desde la perspectiva de la fiscalidad inteligente sería obligado excluir de esta subida del IVA a las bebidas con edulcorantes no calóricos, tal y como han hecho otros países. Otras medidas, como el incremento de los tipos al gasóleo tampoco se adoptan en el mejor momento posible, ya que afectan a un sector el del automóvil, que es clave en nuestra economía. De igual forma, resaltar que el aumento del Impuesto sobre las Primas de Seguros desincentiva la contratación para los contribuyentes más previsores.

Además, con la reciente aprobación del nuevo impuesto sobre transacciones financieras (sobre los aumentos de capital de grandes empresas) se producirá un desplazamiento de esta operativa a terceros países, con la consiguiente contracción del tamaño y de la liquidez de nuestro mercado y el encarecimiento del coste de capital de nuestras empresas cotizadas con relación a las de otros países.

Déficit público y deuda

El incremento del gasto público se apoya en un aumento de los ingresos que es muy poco creíble.

En este escenario optimista, y considerando que se consiguiese recaudar los 6.000 millones que apunta el Gobierno mediante impuestos adicionales y subidas de los ya existentes, estimamos que la recaudación sería como mínimo de un punto de PIB inferior a la considerada en los presupuestos. Obviamente, en escenarios menos favorables de PIB, el desajuste recaudatorio sería considerablemente mayor.

El Gobierno estima un déficit del -11,3% para el presente año y del -7,7% para el 2021. Sin embargo, la situación puede ser sensiblemente peor. En este sentido, la Comisión Europea estima un déficit para nuestro país que se elevará hasta el -12,2% en 2020 y hasta el -9,6% en 2021 con lo que implícitamente está cuestionando las cifras de déficit público no sólo de este año, sino también del que viene.

Nuestro déficit estructural ya es de los mayores de Europa según la Comisión Europea, y según el Gobierno se incrementará hasta el 6,1% del PIB en 2012, frente al -5,4% que reconoce para el 2020. Por ello, resulta especialmente preocupante que parte del incremento del gasto previsto en los presupuestos pueda devenir en un incremento estructural del mismo, que complique aún más la necesaria consolidación fiscal que habrá que afrontar en los próximos años. Este hecho lastraría la confianza de los agentes y la competitividad de nuestra economía, comprometiendo el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo.

Por otro lado, el notable aumento de la deuda pública también es un problema que hace a nuestra economía más vulnerable ante posibles shocks externos. En el plan de Presupuestos para 2021 se estima un aumento de la deuda pública hasta el 118,8% del PIB para 2020 y contempla una ligera reducción hasta el 117,4% para 2021.

Por el contrario, la Comisión Europea estima que en 2020 la deuda se elevará hasta el 120,3% y seguirá creciendo en 2021 hasta el 122% y hasta el 123,9% en 2022, reflejando una dinámica muy negativa que podría complicar y encarecer nuestra financiación en próximos años, máxime si el BCE endureciese su política monetaria.

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