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La futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa: una “ventana a la esperanza” de una Justicia mejor

La futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa: una “ventana a la esperanza” de una Justicia mejor
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jueves 12 de agosto de 2021, 11:45h
Diego Cabezuela Sancho, abogado y socio director la Oficina de Madrid de Círculo Legal participa en la obra colaborativa "Actualidad Derecho Penal 2021", donde abogados, juristas y académicos desgranan los principales temas objeto de debate, del Derecho Penal, durante este año. id:74940

Una ley Orgánica que sirva para construir un derecho de defensa real, dándole de verdad el carácter de derecho fundamental, que corresponde a un país democrático. Así define Diego Cabezuela Sancho, abogado y socio director de la oficina de Madrid de Círculo Legal, los objetivos que habría de alcanzar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que planea el Ministerio de Justicia, y cuyo borrador se encuentra ahora mismo en manos de un equipo de expertos designados por el Gobierno.

Diego Cabezuela participa en la obra colectiva Actualidad Derecho Penal 2021, donde juristas, abogados, jueces y académicos desgranan las principales novedades y debates, así como sentencias y operaciones en el campo del derecho penal.

En su capítulo, Unas reflexiones en torno a la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, el abogado marca los que, en su opinión, deberían ser las principales novedades que introduzca la futura norma, y que pasan por un considerable refuerzo de la figura del abogado como profesional encargado de conducir, representar y defender ante los Tribunales los intereses de los ciudadanos, que suponen un derecho fundamental de estos, el de la tutela judicial efectiva.

Diego Cabezuela considera que el marco normativo actual no es suficiente para garantizar debidamente ni los derechos de los ciudadanos ni la función de los abogados en su defensa” y opina que, aunque ha habido avances importantes en los últimos años, derivados en su mayor parte, de la implementación de normas europeas, en España seguimos sin contar con un ejercicio real del derecho de defensa” fuerte, y a la altura de lo que se espera en un país democrático.

Por ello, celebra el anteproyecto de Ley como una “ventana a la esperanza” y pide “no desaprovechar” lo que considera “una oportunidad excepcional”.

Una mayor igualdad

Cabezuela reivindica la importancia de dar al Estatuto de la Abogacía un mayor rango normativo, integrándolo en la próxima Ley Orgánica. Considera que el marco regulatorio actual de la abogacía tiene “escasísima eficacia” y que la abogacía precisa de una herramienta legal “fuerte y expresiva de su trascendencia constitucional”.

En este sentido, señala que una de las carencias que debe resolver la futura ley es la falta de igualdad real entre abogados y fiscales. Pese a la teórica vigencia del principio de igualdad de partes, en el proceso La posición de los abogados es percibida como netamente inferior a la del Ministerio Fiscal, asegura Cabezuela.

Pide también que se consagre lo que ya es una realidad es algunos juicios, pero que, en su opinión, debe hacerse extensible “a todos”: el derecho al acusado a estar sentado junto a su abogado en el juicio, para poder comunicar directamente con él, y no solo en la Jurisdicción Penal, sino en todas. Para que exista una correcta defensa es imprescindible que el ciudadano, durante el juicio, esté sentado junto a su abogado defensor, afirma el abogado.

Los Registros a los despachos de abogados y los hackeos de documentación

Para el abogado, es también una oportunidad excepcional para “consagrar y delimitar normativamente los datos, documentos o elementos de convicción puede acceder la investigación judicial en un despacho de abogados”, una materia cuyos lindes con el secreto profesional, deben trazarse con claridad.

Plantea también la necesidad de incluir en la ley previsiones para las grandes filtraciones o hackeos de documentación de los despachos de abogados, a propósito de los mediáticos casos producidos en los últimos años, y determinar el valor procesal que haya de darse a los documentos sustraídos a los abogados. Un problema que según mantiene en su trabajo, va a acentuarse, con toda seguridad, en los próximos años. “El robo y uso o intento de uso en juicio de documentos entregados por un ciudadano a su abogado supone un salto cualitativo y hiere mucho más profundamente al sistema”, añade.

“El avance exponencial de la tecnología y de los ciberataques hace prever un incremento, por no decir un auge, de episodios como estos en el futuro, afirma el abogado.

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