El CES propone desligar la inversión pública del escenario económico-político para aprovechar los fondos europeos

El Consejo Económico y Social de España (CES) propone desligar la inversión pública de los escenarios económico y político para aprovechar al máximo los fondos europeos y acelerar la recuperación. Al menos, es una de las conclusiones que se desprende del Informe “Inversión pública en España. Situación actual y prioridades estratégicas”.

Durante su presentación -en la que han participado Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)- se puso de manifiesto la necesidad de dar un impulso a la inversión pública para evitar el estancamiento económico, reforzar la cohesión social y la vertebración territorial, aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo del bienestar, y movilizar y orientar la inversión privada hacia ámbitos estratégicos.

Este órgano consultivo del Gobierno asegura que la definición de los proyectos de inversión debe realizarse a partir del análisis coste-beneficio y de eficiencia, buscando siempre el logro de resultados, y pide a las Administraciones Públicas aumentar su estrecho margen fiscal con una mejora de la eficacia recaudatoria del sistema tributario.

Asimismo, el CES insta a mejorar la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de especial relevancia en el marco del Plan de Recuperación. Para ello, aboga por atender a la seguridad jurídica, la agilidad, la transparencia y la rendición de cuentas para restablecer su papel a la hora de impulsar las inversiones, puesto en tela de juicio a raíz de los excesos y problemas de eficiencia que supusieron años atrás un coste considerable para el erario público.

Buena gobernanza

En este sentido, los principales retos pasarían por garantizar una buena gobernanza de esta colaboración, lo que requeriría mejorar tanto el marco regulatorio como la práctica administrativa para asegurar pliegos de condiciones y contratos correctamente diseñados y una buena asignación de riesgos, e incluso posibles mecanismos de solución extrajudicial de conflictos para dirimir más rápidamente y con menores costes la notable litigiosidad que generan las inversiones públicas realizadas mediante CPP.

Finalmente, el CES insta a reorientar la inversión pública para afrontar de manera racional, equilibrada y justa las transformaciones que plantean los desafíos tecnológico y ecológico, lo que exige priorizar activos intangibles como la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como la descarbonización del sistema económico, la economía circular, la descontaminación, la mitigación de las consecuencias del cambio climático y la recuperación de ecosistemas. Todo ello, agrega, sin perjuicio de la necesaria inversión en el mantenimiento del capital público existente y en la construcción de las infraestructuras y equipamientos necesarios.