La patronal de los centros especiales de empleo reclama mayor igualdad de oportunidades para beneficiar a más de 60.000 trabajadores con discapacidad

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha reclamado hoy ante la Directora General de Economía Social mayor igualdad de oportunidades en la contratación pública para poder beneficiar a más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en un modelo determinado de centros especiales de empleo.

Esta reclamación coincide con las conclusiones hechas públicas por elAbogado General del Tribunal de Justicia de la UE, en las que advierte de restricciones en la legislación española reguladora del acceso a los contratos reservados que no son conformes al ordenamiento de la UE. Este pronunciamiento en el seno de cuestión prejudicial, se ha producido como consecuencia de un contencioso interpuesto por CONACEE ante una situación que consideraba discriminatoria. La Confederación ha venido defendiendo que la expulsión de más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo existentes en nuestro país del acceso a los contratos reservados, no tenía justificación, por lo que las posiciones hechas públicas por el Tribunal adquieren especial relevancia.

Fomentar la equidad

Para CONACEE, es imprescindible que el acceso en condiciones de igualdad y concurrencia se promueva desde el ámbito público, evitando diferenciaciones entre unos y otros centros especiales de empleo para que el instrumento de la reserva de contratos pueda desplegar toda su eficacia en la promoción y defensa del empleo de las personas con discapacidad. Eliminar del acceso a la reserva a la mitad del sector dedicado a la generación de empleo entre personas con discapacidad no se corresponde con los fines y objetivos de dicho instrumento normativo. Según la patronal, el acceso a la contratación pública, como al resto de ayudas públicas deben de servir para desarrollar proyectos inclusivos viables, evitando distorsiones y divisiones innecesarias para que todas las entidades que participan en este sector actúen como verdaderos puentes hacia una integración cada vez más efectiva en el mercado laboral.

Diferentes modelos de centros especiales de empleo

Desde 2018, en España se contemplan dos modelos de centros especiales de empleo en función de su orientación y de su estructura, diferenciando los denominados de iniciativa social respecto a los considerados de carácter empresarial. Todos ellos son organizaciones que cumplen una función y fin social poniendo al servicio de sus plantillas los servicios necesarios para su mejor integración social y laboral, que comparten porcentajes de empleo de personas con discapacidad superiores al 70 % y que compiten abiertamente en el mercado, con la diferencia esencial de que los primeros deben estar promovidos o participados en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro y reinvertir sus beneficios en el propio proyectos o en proyectos que tengan como fin la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Para CONACEE, que representa tanto a entidades empresariales como a entidades sociales, el problema es que esta diferencia en su origen justifica- según defienden desde el sector social-que se mantengan salarios y condiciones laborales para las personas con discapacidad sensiblemente inferiores en las entidades catalogadas de función social que en las iniciativas empresariales. Estas condiciones distorsionan la competencia y terminan deteriorando la función más social de los centros especiales de empleo que debe ser la generación de empleo estable y bien remunerado para las personas con discapacidad, como posible tránsito hacia la integración en el mercado laboral ordinario.

Condicionar el emprendimiento de personas con discapacidad

En el ámbito puramente empresarial, la patronal destaca el impulso que está teniendo el fomento del emprendimiento en este ámbito de centros especiales de empleo. Un emprendimiento empresarial liderado en muchos casos por personas con discapacidad, que compiten abiertamente en mercados tan diferentes como el de los servicios auxiliares, componentes de automoción, transporte de personas y mercancías, gestión de residencias, jardinería, embalaje o manipulación de alimentos, entre otros.

Para muchos de estos proyectos, quedarse fuera de un porcentaje importante de la contratación pública, supone una limitación importante para su propia evolución como empresa, condicionando su futuro o imponiendo la necesidad de modificar sus estructuras para generar asociaciones, fundaciones u otros modelos que distorsionan la realidad original de estos proyectos.

Según ha manifestado Ángel Luis González Olivares, presidente de CONACEE, “crear condiciones igualitarias en la contratación pública para todos los centros especiales de empleo, es esencial para que el empleo de las personas con discapacidad evolucione hacia modelos más competitivos en los mercados ordinarios, de forma que los apoyos y subvenciones actúen como verdaderos motores para normalizar esta vía de empleo e integración para las personas con discapacidad”.

Para el presidente de CONACEE, “no hay mejor función social que proporcionar espacios laborales realmente equilibrados, tanto como en salarios como en condiciones generales, para fomentar este trayecto hacia la integración efectiva de las personas con discapacidad”.